UNA EXPROPIACION FRUSTADA

 ¿Recordáis que el año pasado os hablé de una carta del Alcalde de Trebujena, fechada el 9 de marzo de 1962 y dirigida al entonces presidente de la Diputación Provincial, Álvaro Domecq? ¿Recordáis también que os dije que en algún sitio debía de existir un acuerdo de Pleno que sustentara esa carta? Pues lo encontré.

Se trata de un acuerdo adoptado el 15 de marzo de 1951, siendo alcalde José Pérez Cumpián. El Pleno respaldó un escrito presentado por el propio alcalde para ser enviado al Gobernador Civil de la provincia. La exposición fue leída por el secretario Federico Villagrán Galán y comenzaba así:

“De tiempo inmemorial la única riqueza y medios de vida con que contó Trebujena, gracias a sus magníficos terrenos, parte de su término, consistió exclusivamente en el cultivo de la vid.”

La exposición continuaba recordando con orgullo cómo Trebujena fue pionera en la replantación de las viñas tras la devastación de la filoxera. Y no escatimaba elogios hacia los viticultores del pueblo:

“Los vecinos de esta población, prácticos y peritos excelentes, reconocidos en toda la región, consiguieron de siempre regir y dirigir las plantaciones y labranza de casi la totalidad de las viñas del término de Jerez y Puerto de Santa María y los obreros de este pueblo, en su mayoría viticultores, son ocupados con preferencia en las labores de viña de los referidos términos”.

Pero tras el retrato épico del esfuerzo local, afloraba la preocupación. Se explicaba que, fuera del cultivo de la vid, alrededor de un 20% de los trabajadores agrícolas se encontraban en paro forzoso por la mecanización, y que se habían visto obligados también a acudir al cultivo de la viña:

“acudieron, como sus demás convecinos, al cultivo de la vid, ocasionándose con ello una saturación de mano de obra, que produce crisis periódicas en la población en los meses de noviembre a marzo, algunos años con carácter gravísimo y con grandes trastornos económicos para la totalidad del vecindario y para la Hacienda Local”.

A partir de ahí, la exposición analiza el estado de los cultivos: se menciona que aproximadamente la mitad del término es marisma, y se indica que, por la escasa cosecha de años anteriores y la demanda del extranjero, la viña pasa por un buen momento. Sin embargo, las viñas locales están “viejas y agotadas” y los terrenos disponibles para su reposición alcanzan precios inasumibles, llegando a “14.000 pesetas la hectárea”. Aun así, “vecinos de Trebujena han adquirido ya 50 hectáreas en el término de la vecina Lebrija que están en plena producción.”

Y entonces, el texto lanza su aviso: la situación puede tornarse catastrófica si no se actúa pronto. La frase es clara:

 “Ante la negra perspectiva que se le presenta a este vecindario con el envejecimiento de sus plantaciones y no contar dentro de su término con más terreno adecuado para su reposición que les produzca los vinos selectos de tanto valor, ello en una década próxima representará la ruina total del pueblo, ya que, si en el pasado pudo vivir y hasta desenvolverse con holgura, fue por las labores y producción exuberante de sus viñedos.”

Pero ¿quién iba a ser el destinatario de esos nuevos terrenos? ¿Los jornaleros sin tierra? ¿Los pequeños agricultores ahogados por la pobreza? No. El escrito habla con toda naturalidad de los beneficiarios: “un centenar de Mayetos acomodados” —sí, ese es el término exacto—, con más de 4 hectáreas, es decir, personas con propiedades, con capital, con capacidad para invertir. El problema de estas personas no era la falta de recursos, sino que “no disponen de terrenos” adecuados. Y la solución que se plantea es clara:

“para resolver y salvar este agudísimo problema, dando vida y prosperidad a este laborioso pueblo, salvándolo de la ruina, al par que como hoy, seguirían proporcionando grandes beneficios a la economía del país”.

 Hay que buscarles tierras. Y ya tienen en el punto de mira una zona concreta:

 “existen núcleos de terrenos calizos de idénticas características, ambicionados por estos vecinos, pero nunca conseguido por muchas y tentadoras ofertas que en el transcurso del tiempo a sus distintos propietarios se hicieron. Se trata de una extensión llamada Cerro de la Viña, Crespellina y El Carrascal, unidos entre sí y con una extensión superficial aproximada de 300 hectáreas, formando parte del cortijo de Casarejo, finca esta que tiene una extensión superficial de más 1.100 hectáreas y que hoy es propiedad de doña Petra de la Riva , viuda de Domecq”.

La exposición trata de justificar la expropiación con datos económicos: se explica que esas tierras producen trigo o garbanzos con rendimientos bajos —“3.550 o 6.400 pesetas”—, mientras que si se plantaran de viña, podrían producir “9.550 Kg. de uva por hectárea con un valor aproximado de 20.000,00 pesetas”. De ahí, se construye una proyección que es como el cuento de la lechera:

“transformando la uva en vino tendríamos 1.800.000 litros,  que vendiéndolo a las bodegas al precio de 4 pesetas obtendríamos 7.200.000 pesetas y si se prepara para la exportación, al precio de 8,00 pesetas serían 14.400.000 pesetas.”

Y aquí viene la clave. Para expropiar esas tierras no basta con demostrar que podrían rendir más. Hay que “revestirla como de interés social”, según exige la Ley de 27 de abril de 1946 sobre expropiación de fincas rústicas por causa de interés social. Ya se había intentado acreditar que los terrenos eran susceptibles de mayor rendimiento, pero la ley exige que ese mayor beneficio revierta en la colectividad.

Y eso no se ve por ningún lado. Porque lo que tenemos delante no es un intento de reparto justo, sino una operación para incrementar el patrimonio de los que ya lo tienen, de los que el propio texto denomina sin pudor “Mayetos acomodados”. El reparto propuesto era de dos hectáreas por cabeza. Ni una sola mención a jornaleros sin tierra. Ni una sola línea sobre cooperativas, ni arrendamientos sociales.

Así que, para que la operación pasara por legal, había que construir el argumento social. Y ahí entra el empleo. La exposición afirma que las tierras se cultivan con maquinaria, sin apenas mano de obra, y que si se transforman en viñedos, el impacto en el empleo sería enorme:

“Hoy en la explotación de la parcela que nos ocupa no se invierten jornales ni se da ocupación a obrero alguno, a excepción de algunos eventuales en la época de siembra y recolección, puesto que todas las labores sin excepción se efectúan con aparatos mecánicos. Por el contrario, para la explotación de 300 hectáreas de viña, por no poderse emplear aparatos mecánicos, se precisa invertir cerca de 400 obreros fijos y hasta 800 en las épocas de las labores más importantes como es la cava, vendimia etc. representando ello más de 27.000 jornales al año”.

Y con eso se cierra el círculo: los beneficios son para los acomodados, pero se legitima todo con el empleo que generarían. Es la versión agraria del "goteo económico": dar más a los de arriba para que algo caiga abajo.

La propuesta acaba pidiendo que se permita una compraventa aplazada a cinco años con el Instituto Nacional de Colonización, y se remata con una frase que pretende elevar la operación a asunto de Estado:

“no solo se cumple un fin social y se transforma un cultivo con un aumento de riqueza infinito, sino que además de la economía y restituir aumentada la riqueza de un pueblo, reporta al país unos millones de pesetas anuales convertidos en divisas para sus necesidades con el exterior”.

El pleno municipal lo aprobó por aclamación.

De los beneficios que iban a obtener los adjudicatarios no se dice ni una palabra. Ni falta que hace. Todo estaba diseñado para parecer lo que no era: un intento de salvación colectiva, cuando en realidad se trataba de proteger los intereses de los de siempre. Ponedle cara ustedes.

Nada cambió. Ni ese acuerdo de 1951 ni la carta de 1962 lograron mover nada. Las tierras no se expropiaron. La finca siguió intacta. Petra de la Riva, viuda de una de las figuras más poderosas de Jerez, propietaria de una finca de más de mil hectáreas. Una señora conocida por su carácter altivo y su influencia social, que acudía cada día a misa en San Marcos, donde tenía su propio reclinatorio exclusivo, y a la que el párroco esperaba para empezar la ceremonia, incluso si llegaba tarde. ¿Quién se iba a enfrentar a ese poder? Si además el cuñado de la viuda, el destinatario de la segunda de las cartas fue el presidente de la Diputación entre 1957 y 1967.

Habrá que profundizar en este expediente, contextualizándolo y sacando conclusiones, más allá de estas cuatro notas que hemos extraído para dárosla a conocer. Curioso es tambien que el Consejo de ministros de 3 de marzo de 1956 aprobó un Decreto sobre expropiación por causa de interés social de varias fincas de marismas, sitas en los términos de Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y Trebujena (Cádiz), para su transformación e instalación de unas seiscientas familias de colonos. Creemos que esas marismas son las que hoy son propiedad del Ayuntamiento en majadas viejas y, que sepamos, debieron expropiarse, pero nunca se actuó sobre ellas. Tiempo habrá.